Durante este acto protocolario que se llevó a cabo en la presidencia de la Corporación, la congresista santandereana aseguró que este Acuerdo es de vital importancia para el país toda vez que garantiza el acceso a la información sobre temas y conflictos ambientales, la participación de las comunidades y la protección de los líderes sociales y ambientales.
Somos más los representantes que estamos garantizando que en nuestro país se dé una participación ciudadana activa. Yo soy representante del hermoso departamento de Santander y allí existen distintos espacios en los que el medio ambiente se encuentra amenazado, uno de ellos ha sido el Páramo de Santurbán; hemos luchado inscansablemente por una de las fuentes de agua más puras y más limpias que alimenta la vida de más de 2 millones de personas que están en riesgo por la codicia de un proyecto económico que lleva décadas pero con distintos nombres, tratando de apoderarse del páramo, negando el impacto ambiental y el daño a la vida de los santandereanos”, indicó la representante Erika Sánchez.
Así mismo, aseguró que frente a los planes piloto de fracking y aunque el petróleo es importante para la economía, la industria y el desarrollo del país, “Colombia como cuna de la biodiversidad no puede permitir que el desarrollo atente contra el medio ambiente porque no tendremos nada que dejar a nuestras futuras generaciones. Por lo tanto, me uno a este tema ambiental y a este tipo de Acuerdo que busca garantizar la participación de los líderes ambientales y el acceso a la verdadera información para con ello trabajar en pro de la preservación y cuidado del medio ambiente”.
De aprobarse esta iniciativa, que pasa a tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara, Colombia se convertiría en el país número 14 en ratificar este Acuerdo, uno de los más importantes para la región, firmado el 11 de diciembre de 2019.
Este tratado ambiental sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, fue firmado en 2018 por 25 países y solo ratificado, a la fecha, por 13 de ellos: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay
