Pero la realidad es que, más que una reducción en la demanda de energía, los gobiernos europeos están empeñados en sustituir los combustibles rusos como sea. Por eso han resucitado las carboeléctricas, apagadas hace ya varios años. Han aumentado las compras de gas licuado, lo que ha requerido instalar a marchas forzadas plantas para la regasificación.
En Estados Unidos, el presidente Biden, agobiado por los problemas inflacionarios, les ha hecho un llamado a los empresarios del sector para que aumenten la producción de petróleo y la capacidad de refinación tanto como puedan. Es tan serio el problema que el propio presidente tuvo que agachar la cabeza y viajar a Arabia Saudita para pedirle al príncipe heredero que aumente la producción de petróleo, después de afirmar que no había estado directamente involucrado en el asesinato del columnista de The Washington Post Jamal Khashoggi.
Ver la crisis climática y al mismo tiempo el forcejeo para producir más combustibles fósiles no deja de ser un espectáculo tan contradictorio como lamentable. Lo que esto demuestra es que la seguridad energética, y la asequibilidad de los combustibles, sigue siendo la prioridad de los gobiernos. La agenda climática, desafortunadamente, ha quedado relegada al asiento de atrás. Como si faltaran pruebas, esta misma semana, el senador demócrata Joe Manchin descarriló la ley propuesta por el presidente Biden para apoyar la transición energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles. La brecha entre la ambición climática y la realidad nunca había sido mayor. Es paradójico que esto ocurra cuando los efectos del cambio climático son tangibles hasta para los más escépticos. El acceso a energía barata sigue siendo la prioridad de los gobiernos en países tan diferentes como Estados Unidos o India. En Colombia, las cosas no son muy diferentes: la magnitud de los subsidios a la gasolina –donde los consumidores pagamos solo la mitad del precio internacional– habla por sí sola. En Ecuador, el presidente Lasso tuvo que aumentar el subsidio para no caerse.
El gobierno del presidente Petro tiene que repensar el enfoque que le quiere dar a la transición energética.
Es en medio de esta realidad donde debemos enmarcar el debate sobre la exploración petrolera en Colombia. ¿Tiene sentido que Colombia deje de producir petróleo? ¿Se reducirán de emisiones globales de CO2? En absoluto. Lo único que se lograría es que otros países petroleros llenen el faltante y se ganen lo que Colombia dejaría de recibir. Y para Colombia es sumamente costoso dejar de tener esos ingresos.
Más que reducir la oferta de petróleo, lo que primero tiene que disminuir es la demanda. La mejor estrategia para enfrentar el cambio climático es generar energía con fuentes renovables y electrificar el transporte y los procesos industriales. Si hay menos demanda, los precios del petróleo bajarán y se producirán menos barriles. Ese es el orden lógico.
Por eso el gobierno del presidente Petro tiene que repensar el enfoque que le quiere dar a la transición energética. Lo indispensable en este momento de nuestro desarrollo es contar con los recursos para financiar la inclusión social. Reducir la deforestación –que también requiere muchos recursos– es el más importante de todos los aportes que puede hacer Colombia a la solución de la crisis climática.
