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La ACP advierte que fortalecer la infraestructura logística y estabilizar el FEPC son medidas urgentes ante la vulnerabilidad del suministro de combustibles.
En un contexto marcado por la incertidumbre climática y la presión sobre las finanzas públicas, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) ha emitido una alerta crítica: garantizar el abastecimiento de combustibles líquidos es una condición innegociable para superar el fenómeno de El Niño y prevenir una crisis energética mayor. Con desafíos que van desde atentados a la infraestructura hasta el déficit persistente en el Fondo de Estabilización, el país requiere una hoja de ruta técnica y decidida para proteger su competitividad.
El desafío del FEPC: Presiones fiscales y necesidad de sostenibilidad
La estabilidad macroeconómica de Colombia enfrenta en este 2026 una de sus pruebas más rigurosas: la gestión del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). A pesar de los esfuerzos realizados por cerrar la brecha durante los años anteriores, el mecanismo de subsidios para la gasolina y, fundamentalmente, para el diésel, ha derivado en un déficit estructural que roza los $6 billones, condicionando gravemente el margen de maniobra del gobierno central. Esta cifra no es solo una variable contable; es un riesgo sistémico para la soberanía energética del país, tal como lo advierte la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) en sus recientes minutas técnicas.
La problemática radica en la desconexión persistente entre los precios internacionales de paridad de importación y los precios fijados internamente para el consumidor final. En el caso del diésel, el componente logístico se vuelve más crítico debido a su rol preponderante en el transporte de carga y la generación de energía térmica. Cuando el precio doméstico se mantiene artificialmente bajo, se genera una distorsión de mercado donde el consumo no responde a señales de escasez o eficiencia, exacerbando la vulnerabilidad del sistema ante eventos climáticos extremos como El Niño. Según un análisis de McKinsey sobre resiliencia energética global, la ausencia de mecanismos de precios que reflejen los costos reales desincentiva la inversión privada necesaria para optimizar las cadenas de suministro, convirtiendo la política de subsidios en un lastre para la innovación logística.
Los trade-offs son evidentes: mientras que el subsidio busca proteger el poder adquisitivo de los hogares y reducir la presión inflacionaria en la canasta básica, el costo de oportunidad de esos $6 billones representa recursos que han dejado de invertirse en infraestructura de almacenamiento, poliductos y diversificación de fuentes energéticas. La falta de una hoja de ruta con reglas de juego claras, predecibles y técnicamente blindadas contra el ciclo político, aumenta el costo del capital para las empresas del sector. Si no se logra un equilibrio, la incertidumbre sobre la recuperación de los ingresos del FEPC desincentivará la exploración y producción local, obligando al país a depender más de las importaciones a precios volátiles.
Para mitigar estas presiones y transitar hacia un esquema sostenible, se requiere una ejecución técnica basada en los siguientes pilares de acción:
- Implementar una senda de ajuste automático del precio del diésel que elimine el diferencial con el precio internacional de forma gradual pero ininterrumpida.
- Establecer mecanismos de focalización eficiente del subsidio, dirigidos exclusivamente a sectores de alto impacto social y transporte público masivo, eliminando el beneficio a usuarios de altos ingresos.
- Fortalecer el marco normativo para que las decisiones sobre el FEPC se basen en indicadores técnicos del mercado y no en coyunturas de aprobación popular.
- Acelerar la inversión en infraestructura de inventarios estratégicos de combustibles para evitar la dependencia de suministros inmediatos durante periodos de alta demanda por sequía.
- Crear una mesa de trabajo permanente entre el Ministerio de Hacienda y el sector privado para monitorear el déficit mensual y ajustar las proyecciones de flujo de caja del Fondo.
La superación de este déficit fiscal es, en esencia, una medida de seguridad nacional. La estabilidad financiera del Fondo es la base que permitirá al país financiar una infraestructura logística robusta, capaz de resistir no solo los embates del cambio climático, sino también las fluctuaciones de un mercado energético global cada vez más impredecible.
El éxito en el cierre de la brecha del FEPC actuará como el habilitador crítico para los siguientes desafíos del sector. Una vez estabilizadas las finanzas, el país podrá concentrar sus esfuerzos técnicos en la modernización de la infraestructura de refinación y en la optimización de las rutas de distribución de combustibles, temas que analizaremos en profundidad en el próximo capítulo sobre la resiliencia de la cadena de suministro nacional.
Vulnerabilidades en la cadena de suministro: Un sistema bajo presión
La estabilidad del suministro energético en Colombia enfrenta un desafío de proporciones críticas que trasciende la simple coyuntura climática. En el tablero actual, la logística de combustibles líquidos se encuentra bajo un asedio constante que pone en jaque la continuidad operativa de sectores estratégicos. El cierre de las cifras correspondientes a 2025 ofrece una radiografía desoladora: un registro de 580 atentados contra los oleoductos, la detección de 490 válvulas ilícitas destinadas al hurto de hidrocarburos y la ocurrencia de más de 800 bloqueos viales que han fragmentado la fluidez del transporte terrestre. Esta tríada de riesgos no solo eleva los costos operativos de manera exponencial, sino que genera una incertidumbre sistémica en la entrega de millones de galones diarios, poniendo en riesgo la atención de la demanda nacional durante periodos de estrés hídrico.
Cuando analizamos la resiliencia de esta cadena de suministro, debemos considerar que la infraestructura crítica, como lo destaca el reciente Informe de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), requiere una inversión inmediata en protocolos de seguridad privada y pública. El impacto de estos incidentes no es solo financiero; es operativo. La interrupción del flujo en las troncales de transporte obliga a reconfigurar la logística de distribución, utilizando medios de transporte menos eficientes que incrementan la huella de carbono y los tiempos de entrega. Según datos analizados en el análisis global de resiliencia logística de McKinsey, las organizaciones que no logran diversificar sus rutas y blindar sus puntos de transferencia enfrentan una caída del 15% en su capacidad de respuesta ante eventos de fuerza mayor. En Colombia, el margen de error es inexistente, y la fragilidad del sistema pone bajo presión la confiabilidad de las termoeléctricas, que dependen de una llegada constante de combustibles para prevenir racionamientos.
El fenómeno de los bloqueos es, quizás, el punto de mayor vulnerabilidad debido a su carácter impredecible. La dispersión de los puntos de conflicto en la geografía nacional exige una capacidad de reacción que el país aún no ha consolidado plenamente. La integración de tecnologías de monitoreo en tiempo real es una necesidad imperativa para mitigar estos riesgos. La combinación de estos factores negativos genera un trade-off complejo: mientras la industria busca eficiencias de costos, la realidad operativa obliga a mantener inventarios superiores y redundancias logísticas que encarecen el producto final. El costo de la inacción, sin embargo, es mucho más alto, manifestándose en una volatilidad de precios y en la posible parálisis de sectores industriales clave que dependen de la estabilidad del suministro para cumplir con sus compromisos contractuales.
Para abordar estas fallas estructurales y avanzar hacia una seguridad energética más robusta, se requieren medidas tácticas inmediatas:
- Implementar sistemas de monitoreo satelital y detección de fugas en tiempo real en tramos críticos de oleoductos para una respuesta temprana ante válvulas ilícitas.
- Establecer corredores logísticos blindados con vigilancia permanente en las rutas de mayor incidencia de bloqueos, garantizando la seguridad del transporte de combustibles.
- Diversificar los puntos de almacenamiento estratégico en regiones periféricas del país, minimizando la dependencia de las rutas principales que sufren mayores interrupciones.
- Articular protocolos de cooperación público-privada que permitan un despliegue rápido de fuerza pública en puntos de afectación confirmada, reduciendo los tiempos de inactividad.
- Digitalizar la trazabilidad de los hidrocarburos para combatir el mercado ilícito derivado de los hurtos y asegurar que el producto llegue a su destino legítimo.
El análisis de estas vulnerabilidades nos permite comprender que, si bien la infraestructura física es el esqueleto del sistema, la verdadera resiliencia reside en la capacidad de anticipar y contener las disrupciones antes de que se conviertan en crisis sociales o económicas. Las implicaciones de negocio son claras: sin un entorno operativo seguro, la competitividad del sector hidrocarburos se verá progresivamente erosionada por costos de seguridad inmanejables.
Con la hoja de ruta clara para proteger el suministro frente a las amenazas físicas, el foco debe trasladarse ahora hacia el componente financiero. La sostenibilidad de esta infraestructura depende intrínsecamente de la capacidad del Estado para corregir los desequilibrios del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), un factor que analizaremos a detalle en la siguiente sección, donde exploraremos cómo la salud fiscal es, en última instancia, el cimiento de la soberanía energética colombiana.
Hoja de ruta: Hacia una estrategia de seguridad energética integral
La superación de la vulnerabilidad en el suministro energético nacional no admite soluciones parciales. La propuesta de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) articula una hoja de ruta técnica que trasciende la coyuntura de El Niño, enfocándose en la resiliencia estructural de la cadena de valor. El primer pilar de esta visión es la institucionalización de un Centro Nacional de Operación para combustibles. Actualmente, la fragmentación de la información logística impide una respuesta coordinada ante emergencias. Un centro de mando unificado permitiría una visibilidad en tiempo real de los inventarios, la capacidad de refinación y las contingencias en oleoductos, permitiendo optimizar la distribución ante cualquier eventualidad climática o de orden público.
Para dinamizar el sector, resulta imperativa la habilitación de nuevos importadores y la flexibilización de las reglas de mercado. La diversificación de los actores en la cadena de importación de combustibles líquidos no solo reduce la dependencia de proveedores específicos, sino que introduce eficiencias de mercado necesarias para mitigar la volatilidad de precios. Según los análisis de McKinsey & Company sobre resiliencia operativa, la descentralización de los suministros críticos es la estrategia más eficaz para prevenir disrupciones en sectores industriales intensivos en energía. Este cambio requiere, inevitablemente, el acompañamiento de una política tarifaria que reconozca los costos de capital, enfrentando el trade-off entre subsidios masivos y una sostenibilidad financiera a largo plazo que permita la reinversión en infraestructura.
La estructuración de almacenamientos estratégicos es, quizás, el punto de mayor peso técnico. Colombia ha operado bajo márgenes de reserva de combustibles estrechos, los cuales resultan insuficientes ante bloqueos en la infraestructura o fallas geológicas. La creación de reservas de seguridad no es un gasto, sino un activo de protección contra crisis de desabastecimiento. A esto se suma el impulso a los biocombustibles, con un énfasis particular en el SAF (Sustainable Aviation Fuel). La transición hacia combustibles sostenibles para la aviación no representa únicamente una apuesta por la descarbonización alineada con las metas de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), sino una estrategia de diversificación que reduce la dependencia estricta de derivados del petróleo crudo, integrando fuentes renovables en el mix energético.
Las acciones prioritarias para consolidar esta hoja de ruta deben ejecutarse bajo un cronograma de vigilancia estricta:
- Implementación técnica del Centro Nacional de Operación Logística con protocolos de interoperabilidad interinstitucional.
- Modernización del marco regulatorio para la entrada de nuevos importadores y la estandarización de contratos de suministro.
- Ejecución de un plan quinquenal de infraestructura para el aumento de la capacidad de almacenamiento en nodos estratégicos del país.
- Fomento de incentivos tributarios y regulatorios específicos para la inversión en plantas de producción de SAF a escala comercial.
- Despliegue de un esquema de monitoreo de riesgos climáticos integrado a la planificación operativa de la cadena de suministro.
La implementación de estos pilares conlleva riesgos significativos, principalmente ligados a la inversión de capital necesaria en un entorno de altas tasas de interés y a la incertidumbre regulatoria que aún persiste sobre el FEPC. Sin embargo, el costo de la inacción —medido en términos de parálisis industrial y riesgo de desabastecimiento para el consumidor final— supera con creces los requerimientos de inversión inicial. La transición requiere un equilibrio delicado: no se trata de abandonar la capacidad actual, sino de modernizarla para soportar las exigencias de un mercado más globalizado y una naturaleza más impredecible.
Este cambio de paradigma es el preludio necesario para entender cómo la innovación tecnológica y la digitalización de los procesos de transporte y refinación pueden ser la ventaja competitiva definitiva. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la digitalización de la infraestructura crítica y la adopción de analítica avanzada son las herramientas de última generación que permitirán monitorear, predecir y blindar nuestro sistema ante los desafíos venideros de la era de la transición energética.
La seguridad energética de Colombia no depende solo de la transición hacia fuentes renovables, sino de la solidez actual de su cadena de combustibles líquidos. Como señala Frank Pearl, la coordinación institucional y las decisiones anticipadas son el único camino para proteger la movilidad, el empleo y la estabilidad regional frente a futuras contingencias climáticas y operativas.
