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La reciente renuncia de Susana Muhamad al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha generado controversia en el sector energético colombiano. Su salida, motivada por desacuerdos internos, coincide con la presentación de un proyecto de ley que busca prohibir el fracking en el país, respaldado por un mensaje de urgencia del Gobierno.
Esta iniciativa ha sido criticada por representantes de la industria del petróleo y gas, quienes argumentan que el fracking es esencial para garantizar la autosuficiencia energética de Colombia. Según expertos, la técnica de fracturamiento hidráulico ha sido utilizada de manera segura durante más de 50 años en el país, contribuyendo significativamente a la producción de gas y petróleo.
La postura de Muhamad contra el fracking ha sido interpretada por algunos analistas como una estrategia política para ganar apoyo de sectores ambientalistas de cara a una posible candidatura presidencial en 2026. Aunque la exministra no ha confirmado oficialmente sus intenciones, ha dejado abierta la posibilidad al declarar: "Esperaremos que se decante la situación y veremos".
Críticos señalan que prohibir el fracking podría tener repercusiones negativas en la economía nacional, incluyendo la pérdida de inversiones y empleos en el sector energético. Además, advierten que esta medida podría aumentar la dependencia de Colombia de fuentes de energía extranjeras, comprometiendo la seguridad energética del país.
En este contexto, es fundamental que las decisiones sobre el uso del fracking se basen en evidencia científica y consideren tanto los beneficios económicos como la protección del medio ambiente, evitando que intereses políticos influyan en políticas públicas cruciales para el desarrollo sostenible de Colombia.
