Culmina un año en el que primó la incertidumbre por el proceso electoral y el inicio de un Gobierno de izquierda, distante en lo ideológico a todos los que le han antecedido.
Los últimos cuatro meses, en especial, han sido de reconocimiento del alcance de las promesas de campaña, del equipo de Gobierno, de las prioridades y dinámica legislativa.
Tiempo suficiente para entender mejor lo que pareciera le espera al país en los años venideros, al sector de energía y, en especial, a la industria del petróleo y gas natural.
Lo claro:
1. Cumplimiento del programa de inversiones. Para 2022 las empresas presupuestaron inversiones de US$1.100 millones en exploración y US$3.300 millones en producción, un incremento del 42% con respecto a 2021.
Esto evidencia un asomo importante de cabeza luego del golpe de la pandemia. Los datos preliminares indican que se cumplirá el programa de inversión: de 60 pozos exploratorios previstos, se han perforado 55.
2. Descubrimientos promisorios costa afuera. Los últimos tres meses han sido de buenas noticias para el gas.
Se confirmó la existencia de volúmenes importantes del hidrocarburo costa afuera, en los pozos Uchuva 1 y Gorgon 2, que lideran Ecopetrol Shell y Petrobras. Estas señalan que podría tratarse de una provincia gasífera de talla internacional y se suman al éxito exploratorio costa afuera previo Orca 1, Kronos 1, Purple Angel 1 y en tierra firme en el Caribe local.
3. Ingresos extraordinarios para el Estado. Termina un año de precios del petróleo medios y altos, en gran medida por la crisis de Europa, fruto a su turno de la guerra en Ucrania.
El promedio del precio sería de alrededor de US$100 por barril (referencia Brent), bastante mayor al previsto inicialmente por el Gobierno (US$62). Por lo anterior, se espera que en 2022 el Gobierno central y los territorios reciban alrededor de $24 billones adicionales a los que recibió en 2021.
4. Optimizar y destrabar contratos existentes. El Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), y las empresas, están analizando los contratos de exploración y producción firmados.
Se estudia cómo destrabar 35 contratos suspendidos por distintas razones y cómo optimizar la producción de un número similar con técnicas de recobro mejorado.
5. Compromiso con un desarrollo sostenible. La industria del petróleo y gas está comprometida con ayudar a gestionar la crisis climática global, muestra de ello es que entre 2020 y 2022 las empresas afiliadas a la ACP adelantaron 69 proyectos de transición energética e invirtieron US$86 millones. En ese mismo periodo, anualmente, se registró una reducción de 707 mil toneladas de CO2 (6% de la meta del sector a 2030).
Hay 14 empresas vinculadas al programa de carbono neutralidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 92 proyectos de mitigación y de adaptación al cambio climático, 342 proyectos de cuidado de cuencas hidrográficas viabilizados y, en los últimos cuatro años, se han sembrado 5,8 millones de árboles, (según cifras del MADS, significa el 31% frente al total de las siembras reportada por los otros sectores productivos).
6. Importancia de la movilidad en la transición. El país es cada día más consciente de la relevancia de transformar el parque automotor para avanzar en la transición energética. Se puede tener una matriz eléctrica limpia que pese más en el consumo, pero es clave avanzar en su reconversión, sin abandonar el petróleo y el gas. Al 2050, cuando se proyectan 50 millones de vehículos, el 75% será de combustibles líquidos y gas.
7. Revisión de la política de subsidios. En el año que termina se inició una discusión sobre el subsidio a la gasolina y al diésel, en épocas de precios altos del petróleo, por su incidencia en la tarifa; se estima un faltante en el Fondo de Estabilización de más de $30 billones. En buena hora el Gobierno decidió un desmonte gradual del subsidio a la gasolina; es de esperar que se revise el régimen de subsidios de manera integral.
Lo oscuro:
1. Una reforma tributaria que golpea a la industria. El Gobierno nacional gravó de manera excesiva y discriminatoria a la industria.
La mitad del recaudo de la tributaria lo aportará Ecopetrol y las empresas privadas, incrementando el Government Take a más del 80%. No valieron voces de gremios, tanques de pensamiento y expertos, para evitarlo.
2. Prohibición de los pilotos de fracking. Respetable la decisión de no usar dicha técnica durante el actual Gobierno.
Lo que no tiene sentido es prohibirla pues no debe descartarse su uso futuro con las reservas precarias de hidrocarburos. Igual de absurdo es no hacer los pilotos de investigación; no se le debe temer a la ciencia, lo mejor es tener la evidencia de si se puede hacer de manera confiable y segura.
3. Indefinición en la política exploratoria futura. El Gobierno ha dicho que no ha decidido sobre nuevos contratos de exploración y producción de petróleo y gas, y que realiza un estudio para determinar su necesidad.
La ACP ha ofrecido su concurso, sus análisis y modelos a dicho ejercicio, esperando que pronto cese la incertidumbre sobre un asunto tan importante para el futuro de la industria.
4. Recrudecimiento de la inseguridad y afectación al orden público. Desde hace varios años se ha vuelto más difícil y costoso operar en territorio.
Hay en promedio tres bloqueos diarios, la mayoría asociados a expectativas de contratación laboral o de bienes y servicios locales. Infortunadamente, en algunas regiones se han exacerbado. Pese al apoyo de las autoridades, en especial los alcaldes, hay casos muy críticos.
5. Una nueva normatividad ambiental a la vista. El Plan Nacional de Desarrollo da cuenta de una revisión a fondo del ordenamiento territorial y la regulación ambiental, además de posibles nuevas instancias o mecanismos de consultas. Sin perjuicio de mejoras que puede requerir la normatividad, inquieta a muchos sectores económicos el alcance de esas iniciativas que generan incertidumbre.
Escenario de desaceleración global y local. El 2022 pasará a la historia como un año de alerta económica: inflación, devaluación de la moneda, desempleo y déficit fiscal, entre otros indicadores.
No es claro cómo será el 2023; se prevé una inflación a la baja -lo cual es bueno- con una desaceleración económica global mayor a la prevista, afectando la demanda y precios del petróleo. Un escenario poco alentador para la industria, en momentos en que requiere más inversión.
Dos caminos:
Este balance preliminar, de luces y sombras, proporciona una pincelada de lo positivo y lo negativo para la industria en el año que termina.
Inicia un Gobierno con una mirada distinta y compleja del sector minero-energético, que no debe reñir con garantizarle al país autosuficiencia, seguridad y soberanía energética a largo plazo y, en especial, en hidrocarburos, con excedentes de exportación.
Hay decisiones difícilmente reversibles, pero hay otras que están por tomarse y, ojalá, sean para bien de nuestro país.
Francisco José Lloreda Mera
