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Embargo, acusaciones judiciales y el impacto de la investigación a la petrolera anglo-francesa en el Casanare
Origen y naturaleza de la investigación contra Perenco
La Fiscalía General de la Nación de Colombia ha tomado medidas serias contra Perenco por acusaciones que apuntan a una colaboración indebida con grupos paramilitares. Concretamente, un exgerente y un exsupervisor de la compañía han sido formalmente acusados por sus presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC). Las acusaciones se centran en que, durante aproximadamente diez años, ambos individuos habrían estado involucrados en reuniones y pactos para brindar soportes tales como dinero, transporte, combustible y alimentos a estos grupos armados ilegales.
Este supuesto apoyo no solo buscaba asegurar una protección armada en áreas claves de operación de Perenco en el Casanare, sino que también podría haber tenido consecuencias más amplias. La fiscalía arguye que estas acciones no solo fortalecieron a las estructuras paramilitares en la región, sino que también contribuyeron significativamente al crecimiento de los activos de Perenco en Colombia. Tales afirmaciones sugieren una relación simbiótica entre la empresa y estos grupos, donde la seguridad proporcionada a los pozos petroleros y la infraestructura de la compañía se traducía en una expansión económica para ambas partes.
Esta investigación resalta la compleja interacción entre empresas multinacionales y grupos armados en zonas de conflicto, presentando un escenario en el que las prácticas de seguridad corporativa pueden cruzar la línea hacia la complicidad con actores armados ilegales. Además, señala un desafío significativo en la lucha por la estabilidad y la paz en regiones ricas en recursos naturales como el Casanare, donde la presencia del Estado es a menudo limitada y las empresas se encuentran en la necesidad de negociar su supervivencia y prosperidad en condiciones adversas.
Medidas judiciales: Embargo y destino de los bienes de Perenco
La Fiscalía, a través de la Dirección de Justicia Transicional, embargó y secuestró dos oficinas de Perenco en Bogotá, con un valor estimado de $41.318 millones (aprox. US$10 millones). Los bienes, ubicados en el centro financiero de la capital, fueron entregados al Fondo para la Reparación de las Víctimas, para indemnizar a la población afectada por la violencia paramilitar en Casanare.
La decisión forma parte de una serie de acciones legales iniciadas tras la recopilación y análisis de pruebas que sugieren la posible complicidad de la compañía en actividades de financiamiento a grupos paramilitares, que tuvieron lugar durante el conflicto armado en Colombia. Esta medida no solo busca sancionar a los responsables de fomentar el conflicto sino también enviar un mensaje claro a la comunidad empresarial sobre las consecuencias de sostener vínculos con organizaciones criminales.
El proceso de identificación y secuestro de estos activos no fue trivial. Se requirió de un minucioso trabajo investigativo, en el cual jugaron un papel crucial las tecnologías de información y la cooperación internacional. El apoyo de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) fue determinante para trazar el recorrido del dinero y establecer la conexión entre los activos de Perenco y las actividades de financiamiento paramilitar.
Las oficinas, ahora bajo control del Estado, representan una fractura significativa en el entramado financiero que sostuvo a los grupos armados en la región. Además, su entrega al Fondo para la Reparación de las Víctimas subraya el compromiso del gobierno con la justicia y la reparación integral a las comunidades afectadas, promoviendo un avance hacia la reconciliación nacional. Esta medida, altamente simbólica y práctica, no solo facilita la compensación económica sino que también contribuye al proceso de memoria y dignificación de las víctimas de la violencia en Colombia.
Roles individuales y defensa de la compañía
En el centro del escándalo que vincula a Perenco con posibles actividades ilícitas durante el conflicto armado en Colombia, se destaca la figura del exgerente de operaciones, señalado como el principal articulador de los supuestos nexos entre la empresa petrolera y grupos paramilitares. Este individuo, cuya identidad ha sido centro de múltiples investigaciones, habría establecido acuerdos estratégicos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), facilitando operaciones que desdibujan el límite entre la seguridad corporativa y la complicidad con actores del conflicto.
La investigación revela que, entre 1996 y 2005, estas coordinaciones incluyeron la gestión logística para permitir el acceso de grupos armados a zonas de interés petrolero, así como la organización de entregas de recursos que, presuntamente, sirvieron para financiar las operaciones de estas estructuras paramilitares. Esta conexión no solo evidencia una red de complicidades, sino que además subraya la instrumentalización del sector privado en el complejo entramado del conflicto armado colombiano.
Además del exgerente de operaciones, otro personaje clave en este entramado es el supervisor de tierras de la compañía, quien habría jugado un papel crucial en la coordinación de la logística necesaria para estas operaciones. Su rol habría incluido desde la facilitación del acceso a territorios concesionados para la explotación petrolera, hasta el manejo directo de los recursos destinados a los grupso paramilitares, asegurando la continuación de sus actividades armadas en áreas estratégicas para la empresa.
Frente a las acusaciones, Perenco ha emitido declaraciones en las que niega cualquier relación con organizaciones criminales, sosteniendo que su operación ha seguido los marcos legales y éticos correspondientes. Sin embargo, la persistencia de la investigación refleja el interés de las autoridades en esclarecer estos vínculos, subrayando la importancia del caso como reflejo de cómo actores privados, intencionalmente o no, pueden llegar a influir o ser parte del conflicto armado en el país. Este panorama sostiene un debate más amplio sobre la responsabilidad corporativa y la necesidad de una mayor vigilancia y regulación en zonas de conflicto.
