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Alertó que no es sostenible seguir pagando con recursos públicos la mitad de cada galón de gasolina o de Acpm que se consume en el país y estimó que ese hueco fiscal ascendería hasta los $38 billones este año por este motivo.
Por eso, esta redacción habló con el ingeniero de petróleo Andrés Mantilla, doctor en Geofísica de la Universidad de Stanford y quien fue director del Centro de Innovación y Tecnología de Ecopetrol. El experto, que cuenta con 27 años de experiencia en la industria del petróleo, se refirió sobre este tema coyuntural que atraviesa el país.
¿Cuáles fueron las causas que llevaron al país a tener un déficit tan alto en el Fondo de Estabilización de Precios?
Es de no creer la incoherencia de quienes recientemente han desarrollado políticas públicas en transición energética, supuestamente, la principal del anterior Gobierno de Colombia. Lo de fondo es que, en paralelo con la propaganda sobre actuaciones en pro de la transición, los ministros responsables incentivaron el consumo de combustibles -y con ello las emisiones de CO2- por la vía de medidas discrecionales para mantener bajo su precio en el país, que en la práctica constituyeron subsidios de facto, no presupuestados, a la gasolina y al diésel.
El de la gasolina es un subsidio profundo y absolutamente regresivo. A los colombianos nos dijeron que esas medidas mantenían barato el combustible de los vehículos. Pero analistas han encontrado que $7 de cada $10 pesos de esos subsidios los reciben los deciles 7 al 10, es decir, los de más altos ingresos.
¿Entonces introdujeron un subsidio regresivo sin que se notara tanto?
Desde temprano en el Gobierno de Iván Duque acudió a un mecanismo de ‘discrecionalidad’. Se dieron a la tarea de equiparar el precio de la gasolina con el del diésel. El puntillazo más fuerte lo dieron durante el periodo de aislamiento por pandemia, cuando cerraron completamente la brecha entre los dos combustibles. El contexto era preciso para presentar la medida como un alivio a los hogares. Fue un sofisma de distracción, ya que entonces circulaban muy pocos automóviles o motocicletas, la gente estaba aislada en casa y la demanda de gasolina cayó de tal forma que su producción en el país estuvo al borde de suspenderse por altos inventarios y la falta de capacidad de almacenamiento.
¿Ahí se profundizó más el déficit?
Los incrementos posteriores mantuvieron los precios muy por debajo de los internacionales, que crecían rápidamente con la reactivación económica a nivel global. Por eso, el hueco fiscal del Fondo de Estabilización de Precios crece ahora a unos $10 billones por trimestre y será tan doloroso cerrar. Los fuertes paros y la impopularidad de la anterior administración quizás llevaron a los responsables a patear el problema fiscal hacia adelante, para que lo resolviera el nuevo Gobierno, cualquiera que fuese. Ajustar el precio de los combustibles a valores reales tal vez les hubiese significado no llegar al final del mandato.
¿Por eso acudieron a Ecopetrol?
Para paliar la situación, ya de salida, acudieron a una billonaria distribución extraordinaria de utilidades de Ecopetrol, que en lugar de quedar disponibles para programas sociales o de inversión en bienes públicos, terminaron destinadas a pagar una deuda con el mismo Ecopetrol, generada por un subsidio de facto que acabó en el bolsillo de los más pudientes. Por eso, es loable que la actual ministra de Energía y Minas esté intentando solucionar el problema.
¿Cree necesario no seguir financiando ese subsidio, teniendo en cuenta la coyuntura económica que vive el país?
Es urgente cerrar ese subsidio, que se creó de facto, sin haber sido presupuestado. Lo hubiese tenido que hacer cualquier candidato que llegara a la Presidencia, pues es un desangre insostenible.
¿Cuál será la mejor manera de cerrar ese hueco fiscal?
No tengo las herramientas econométricas para responder con propiedad, pero el sentido común sugiere que debe hacerse pronto. Una alternativa, aunque no de fácil implementación, es buscar hacerlo a un ritmo más lento para los usuarios de estratos bajos, quizás a través de algún bono temporal para los propietarios de vehículos de esos estratos, que demuestren estar al día en sus obligaciones en cuanto a comparendos, revisión técnico-mecánica, entre otros, es decir, los conductores juiciosos y responsables.
Cerrar ese déficit tendrá un alto costo político, ¿quiénes se verán afectados de manera directa con el alza de la gasolina y por qué esos sectores?
De acuerdo con investigadores de la Universidad de Antioquia, el 70 % del subsidio lo reciben los cuatro deciles de más alto ingreso en la sociedad. No es realmente un subsidio para los que más lo necesitan, si bien hay personas de bajos recursos que también se benefician. Recuerde que el combustible que por excelencia usa el transporte de pasajeros y carga es el diésel, no la gasolina, con lo cual un incremento en la gasolina tiene un impacto menor sobre la inflación que el mismo aumento en el diésel. Lo paradójico de la ‘jugadita’ es que el costo político no lo pagarán los ministros o el presidente que crearon el problema.
¿Y el Acpm?
Ante el hueco que el subsidio a los combustibles ha abierto en las finanzas públicas de Colombia, Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, apuntó que la única manera de resolver el problema es subiendo el precio de la gasolina y del Acpm.
Argumentó que, aunque no es una medida políticamente rentable, es lo correcto. Esto teniendo en cuenta que si el precio internacional del petróleo sigue en US$90 por mucho más tiempo, el hueco cada vez será más difícil de llenar.
Mejía reconoció que mover los precios de la gasolina llega en una época especialmente difícil por el alto costo de vida que ya enfrentan los colombianos. De ahí que el presidente Gustavo Petro haya manifestado que no se tocará el Acpm, combustible utilizado por los transportadores terrestres de carga y que podría transmitirse a los alimentos que movilizan.
“No hay que olvidar que la mitad de la demanda de combustibles en el país proviene del Acpm, así que si no se toca el precio de éste, no vamos a resolver la mitad del problema fiscal”, añadió el director,
Si efectivamente el déficit del fondo llegara a $40 billones, el país estaría hablando de una cifra que, por ejemplo, representa al menos la mitad del monto aprobado para la inversión social en 2023, que fue fijado en $73 billones.
DATO
El fondo de estabilización fue creado en 2007 con la idea de evitar que el aumento en los precios internacionales del petróleo golpearan el bolsillo de manera abrupta a los colombianos.
