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Reservas en declive, riesgos de desabastecimiento y la falta de nuevas políticas claras marcan el futuro energético del país.
El dramático descenso de las reservas de gas en Colombia
Las reservas probadas de gas natural en Colombia han caído a 2.064 giga pies cúbicos (Gpc) en 2024, una reducción del 13% respecto al año anterior. Esta disminución se traduce en apenas 5,9 años de autosuficiencia energética en términos de gas, si se mantiene el ritmo de consumo actual. La situación es aún más alarmante si se considera que desde 2014 se ha consumido el 43% del total de las reservas probadas disponibles en ese momento, sin que los esfuerzos de reposición hayan logrado equilibrar el ritmo de extracción.
El resultado es un déficit estimado del 8,2% para 2025, con proyecciones que advierten un desbalance de hasta el 20,6% en 2026 si no se aplican medidas estructurales inmediatas. A pesar de estas cifras, el gobierno colombiano ha optado por una actitud pasiva, sin presentar políticas contundentes que garanticen la estabilidad energética futura ni incentivos claros para nuevas exploraciones o proyectos de transición.
Esta inacción tiene impactos directos en alrededor de 30 millones de consumidores, entre usuarios residenciales, comercios y sectores industriales que dependen críticamente del gas como fuente de energía. La situación amenaza con ralentizar procesos productivos y encarecer los costos operativos, afectando también la balanza comercial del país si se ve obligado a importar gas para suplir la demanda interna.
- La falta de anuncios sobre nuevas licitaciones para exploraciones costa afuera.
- La ausencia de estímulos regulatorios para tecnologías de almacenamiento o uso eficiente del gas.
- Y la nula definición de alternativas concretas al gas en la matriz energética nacional.
Son todos signos de que el país se encamina hacia una crisis energética previsible, pero ignorada.
El gobierno y la congelación de la exploración: riesgos y consecuencias
A pesar de los reiterados pronunciamientos de entidades técnicas como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Ministerio de Minas y Energía, el gobierno de Gustavo Petro ha decidido mantener congelada la aprobación de nuevos contratos de exploración de petróleo y gas desde 2022. Esta postura, justificada por la intención de avanzar hacia una transición energética, está basada en un diagnóstico político más que técnico, lo que genera preocupación creciente entre expertos energéticos, gremios y sectores industriales. El país, mientras tanto, debe depender únicamente de los yacimientos previamente aprobados, muchos de los cuales ya están en fase de maduración o declive productivo.
Simultáneamente, Colombia ha comenzado a explorar la importación de gas, un escenario inédito tras más de cuatro décadas de autosuficiencia. Esta medida es vista por muchos como una contradicción respecto al discurso de soberanía energética, ya que el gas importado tiene un costo hasta tres veces superior al nacional. Esto impacta directamente en las tarifas que pagan los hogares, especialmente en regiones como la Costa Caribe, y encarece la operación de la industria, reduciendo su competitividad frente a países vecinos.
Diversas voces, incluyendo la de asociaciones como Naturgas y la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), han advertido sobre los riesgos de continuar sin nuevas rondas exploratorias.
- El desfase entre consumo y producción puede generar escasez.
- El país pierde oportunidades de inversión extranjera.
- Las reservas actuales no alcanzan para garantizar el abastecimiento más allá de la presente década.
Frente a esto, el gobierno ha optado por el silencio institucional, una actitud que agudiza la incertidumbre.
Importaciones y futuro energético: ¿qué puede esperar Colombia?
Ante el estancamiento de la exploración de nuevos yacimientos y la progresiva disminución de las reservas probadas, Colombia ha comenzado a recurrir a la importación de gas natural licuado (GNL) para suplir su demanda interna. Esta decisión, vista por algunos como una medida necesaria pero tardía, marca un cambio significativo en la dinámica energética del país, que históricamente ha sido autosuficiente en gas. La terminal de regasificación de Cartagena, con capacidad limitada, está siendo complementada con proyectos en la costa Pacífica, como la planta en Buenaventura, cuyo desarrollo avanza con vistas a iniciar operaciones en 2026.
Sin embargo, los desafíos son múltiples. A corto y mediano plazo, Colombia se enfrenta a una ventana de riesgo de desabastecimiento crítica entre 2024 y 2028, justo antes de la prevista entrada en operación de los yacimientos marinos Uchuva y Kronos en el Caribe, estimada para 2029. Durante este periodo, el país dependerá en gran medida del GNL importado, cuyo precio es altamente volátil y está sujeto a dinámicas internacionales complejas. Esto encarece el servicio público, encadena la economía a mercados externos e incrementa el riesgo de choque tarifario para los hogares.
La inacción del Gobierno frente a este escenario resulta especialmente preocupante. Mientras otros países diversifican con rapidez sus fuentes y refuerzan inversiones en exploración, Colombia mantiene una política energética rígida que ha desincentivado nuevos proyectos en tierra y costa afuera. Esta postura genera incertidumbre entre los inversionistas y obstruye posibles soluciones de corto plazo, como expansiones en campos maduros o flexibilización de contratos existentes, dejando al país en una posición cada vez más vulnerable.
