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Nuevo decreto busca modificar la contribución solidaria y recaudar más de $1,2 billones
Antecedentes y justificación de la propuesta
MinEnergía plantea cambios en la financiación de subsidios para aliviar déficit energético
El Ministerio de Minas y Energía de Colombia (MinEnergía) ha propuesto un nuevo decreto regulatorio que busca restablecer la obligación de los sectores industriales, comerciales y no regulados de aportar recursos para subsidiar las tarifas de energía eléctrica de los estratos 1, 2 y 3. La medida surge como respuesta al creciente déficit en el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FOES), el cual acumula desfinanciamientos superiores a los $1,2 billones.
Esta propuesta de ajuste normativo, abierta a comentarios hasta el 8 de abril de 2024, podría reactivar un esquema de contribuciones solidarias suspendido en 2022. El objetivo principal es garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional sin afectar la prestación del servicio, especialmente en los hogares de bajos ingresos.
¿Qué implica el nuevo decreto de MinEnergía?
Modificación al esquema de contribución solidaria
La propuesta del MinEnergía modifica el numeral 4.5 del artículo 4 del decreto 847 de 2001, el cual define los sujetos obligados a aportar al FOES. De aprobarse, volverían a estar obligados a contribuir sectores que consumen energía a través del mercado no regulado, incluyendo grandes industrias, zonas francas, centros comerciales, y otros consumidores cuya demanda mensual supera los 0,1 GWh.
La decisión busca revertir lo establecido en 2022, cuando mediante la resolución CREG 075 se liberó a los usuarios no regulados de este compromiso para aliviar sus costos durante la pandemia y otros choques económicos. Según el Ministerio, esta exoneración generó un agujero financiero en el FOES, que hoy amenaza la sostenibilidad de los subsidios eléctricos para casi el 80% de los hogares colombianos.
Distribución del subsidio y alcance social
En Colombia, los estratos 1 y 2 reciben subsidios del 60% y el 50% en promedio sobre su tarifa de energía, mientras que el estrato 3 puede obtener hasta un 15%. Estos subsidios benefician principalmente a hogares de bajos ingresos y están financiados con recursos provenientes de aportes solidarios de otros usuarios y del Presupuesto General de la Nación.
Actualmente, el fondo subsidiaba las tarifas de 14,3 millones de usuarios residenciales. Sin embargo, el déficit ha hecho que las empresas comercializadoras acumulen millonarias cuentas por cobrar al FOES, amenazando su liquidez y capacidad operativa.
La reactivación del esquema permitiría recobrar estabilidad al fondo, mediante una contribución proporcional que refleje el consumo energético de los usuarios industriales y comerciales.
Impacto esperado en las empresas y el sector energético
Aumento en los costos para el sector industrial
De aplicarse el decreto, las empresas del sector upstream, midstream y downstream —entre ellas operadoras como Ecopetrol y afiliadas a Campetrol y ACIPET— verán incrementos en su factura energética, debido al cobro de una tarifa adicional por concepto de contribución solidaria.
Dado que muchos de estos grandes consumidores funcionan bajo contratos bilaterales en el mercado no regulado, aun una contribución del 20% (como plantea el decreto) alteraría sus proyecciones operativas y su estructura de costos. Algunas industrias han advertido que un ajuste en tarifas podría repercutir en la competitividad del sector manufacturero, especialmente en minería, alimentos y petroquímica.
Recuperación del Fondo y estabilidad para comercializadoras
Según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), los ingresos que se dejarían de percibir en 2024 por la exención superan los $1,2 billones. Esta cifra representa más del 30% del presupuesto anual necesario para mantener los subsidios a los estratos bajos.
Con la entrada en vigor del decreto, estos recursos podrían ser recuperados, mejorando la salud financiera del FOES y reduciendo el riesgo de colapso del sistema de subsidios. A su vez, permitiría a empresas comercializadoras como EPM, Celsia y Air-e recibir los pagos pendientes por más de $1 billón en diferencias tarifarias acumuladas.
Esta medida también contribuiría con mayor claridad a la planificación del mercado eléctrico colombiano, tal como lo plantea la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) en su proyección de expansión para 2024-2035.
Contexto energético en Colombia: entre tarifas y desfinanciamiento
La propuesta del MinEnergía se produce en un contexto de creciente presión sobre las tarifas eléctricas en el país. En 2023, el aumento promedio fue del 21%, afectando tanto a usuarios residenciales como industriales. Esta tendencia ha generado críticas desde múltiples gremios, incluyendo la ANDI y la ACP, que han señalado la necesidad de reformar estructuralmente los componentes tarifarios.
El sistema eléctrico colombiano opera bajo un esquema de subsidios cruzados: mientras que usuarios de estratos altos y empresariales pagan mayores tarifas, dichos excedentes ayudan a subsidiar a los estratos bajos. Este modelo, aunque solidario, ha mostrado signos de agotamiento ante crisis como el fenómeno de El Niño, volatilidades del mercado internacional y los costos crecientes de transmisión y distribución.
Además, la transición energética ha elevado la inversión requerida para incorporar fuentes renovables no convencionales, como solar y eólica, presionando aún más las finanzas del sistema eléctrico. Según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), el desarrollo de infraestructura energética sostenible exige un entorno financiero predecible y equilibrado.
Participación ciudadana y próximos pasos del decreto
El borrador del decreto estará disponible para comentarios públicos hasta el 8 de abril de 2024. MinEnergía ha invitado tanto a ciudadanos como a gremios industriales a presentar observaciones que puedan ajustarse en la versión final del documento.
De aprobarse, la normativa entraría en vigor a partir del segundo semestre de 2024. Para el gobierno, la concertación es clave, tal como lo ha expresado el ministro Andrés Camacho, destacando que “la recuperación del equilibrio financiero no es solo técnica, también es social.”
Algunas organizaciones, como ACIPET y la Cámara Colombiana de Energía, proponen establecer un mecanismo gradual de aportes, o incluso compensaciones tributarias para los sectores que demuestren eficiencia energética o menores emisiones. Estas propuestas podrían mitigar el impacto en empresas con altos consumos integrados al desarrollo económico nacional.
Implicaciones clave para el futuro energético de Colombia
La reintroducción del aporte solidario por parte del sector industrial plantea varios escenarios para el sistema energético nacional. En términos inmediatos, permitiría cubrir el déficit del FOES y asegurar los subsidios a usuarios vulnerables. Pero también pone sobre la mesa la necesidad de una reforma estructural del modelo tarifario y una visión integral del financiamiento de la transición energética.
Para los actores del sector energético —desde Ecopetrol hasta operadores regionales en generación y distribución— será fundamental anticipar los efectos financieros del nuevo decreto. La integración entre las fases upstream, midstream y downstream dependerá de una gestión eficiente de costos energéticos, especialmente en un entorno de transición hacia energías limpias.
Asimismo, fortalecer la articulación entre el MinEnergía, la ANH y la CREG permitirá avanzar hacia un esquema tarifario más justo, previsible y sostenible a largo plazo. La experiencia internacional, como la de países analizados por la Agencia Internacional de Energía (IEA), muestra que la planificación multisectorial es vital para reducir brechas sociales sin sacrificar competitividad.
En definitiva, este decreto representa una oportunidad para reequilibrar el sistema energético y social en Colombia. Las empresas pueden prepararse ajustando su planificación financiera, evaluando medidas de eficiencia energética y participando activamente en el proceso regulatorio.
- El decreto reforzará la financiación de subsidios a estratos 1, 2 y 3.
- Industria deberá asumir una contribución basada en consumo energético.
- El FOES podría recuperar más de $1,2 billones en 2024.
- El proceso de consulta finaliza el 8 de abril de 2024.
Detalles del nuevo decreto y sectores afectados
MinEnergía propone decreto para que sectores industriales subsidien la energía de estratos 1, 2 y 3
Un cambio estructural en la financiación del servicio público de energía
El Ministerio de Minas y Energía (MinEnergía) ha propuesto un decreto que busca modificar la forma como se subsidia el costo de la energía eléctrica para los estratos 1, 2 y 3 en Colombia. Según la cartera, la propuesta permitiría que los sectores industriales asuman nuevamente parte del costo de los subsidios, en un esfuerzo por estabilizar las finanzas del sistema eléctrico nacional sin afectar directamente al sector residencial más vulnerable.
Esta medida surge en un contexto de presiones fiscales crecientes, atraso en los pagos de subsidios desde el gobierno central y un alza sostenida en las tarifas eléctricas. Con más de 15 millones de usuarios residenciales subsidiados en Colombia, principalmente en el Caribe y zonas rurales, el nuevo decreto podría redistribuir los aportes entre actores clave de la cadena energética y mitigar el riesgo de pasivos crecientes en el sector.
El modelo actual de subsidios energéticos en Colombia
Desde la Ley 142 de 1994, el sistema de subsidios cruzados ha sido la piedra angular del servicio público de energía. Bajo este esquema, los estratos altos (5 y 6) y los sectores comerciales e industriales pagan una sobretasa en su factura para cubrir parte del consumo de usuarios de estratos bajos. El resto del subsidio lo cubre el presupuesto general de la Nación.
La resolución CREG 180 de 2020 establece los porcentajes máximos de subsidio permitidos: hasta el 60 % del valor del consumo para estrato 1, 50 % para estrato 2 y 15 % para estrato 3. Sin embargo, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), actualmente el Gobierno Nacional acumula más de $4 billones en deuda con las empresas del sector por concepto de subsidios no pagados en los últimos tres años.
Desfinanciamiento progresivo
En años recientes, el recaudo por contribuciones de los estratos 5, 6 e industriales ha caído, representando apenas el 24 % de la financiación total de subsidios en 2022. Frente a esto, MinEnergía busca fortalecer el flujo de capital hacia las empresas comercializadoras de energía, reactivando la participación del sector industrial como contribuyente obligatorio.
¿Cómo funcionaría el nuevo esquema propuesto por MinEnergía?
El proyecto de decreto plantea que empresas del sector industrial, clasificadas bajo códigos específicos del CIIU, paguen un recargo que se destine exclusivamente al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso (FSSRI), administrado por el Ministerio y auditado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).
Según el texto preliminar, el nuevo aporte oscilaría entre el 1 % y el 5 % del consumo mensual de energía eléctrica por parte de los grandes usuarios industriales. La medida excluye a empresas estratégicas o en zonas especiales de frontera energética, y busca aumentar en $1 billón anuales los ingresos del fondo de subsidios, sin apalancamientos fiscales adicionales.
Sectores impactados en el upstream y downstream
Industrias del segmento upstream como la extracción de petróleo crudo y gas natural, y del downstream como las refinerías y fábricas de productos químicos, estarían cobijadas por la medida. Según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), cerca del 18 % del consumo nacional de energía eléctrica proviene del sector hidrocarburos, por lo que su participación sería clave en el sostenimiento del sistema solidario de tarifas.
Reacciones del sector energético: oportunidades y preocupaciones
La propuesta ha generado debates entre gremios y actores del sector. Para organizaciones como Campetrol y ACIPET, la medida podría representar un compromiso adicional en tiempos de restricción inversora y mayor escrutinio ambiental. Adicionalmente, argumentan que aumentaría los costos operativos de empresas productoras, en especial en las regiones de alta demanda energética como Meta, Santander y Cesar.
Por otro lado, algunos analistas ven en el decreto una oportunidad para mejorar la viabilidad del régimen tarifario, afectado por la inflación energética y la volatilidad de los precios de combustibles. En 2023, Colombia tuvo un aumento promedio de 10,4 % en tarifas reguladas de energía eléctrica, según datos de la ANH, lo que ha avivado el debate sobre una transición justa y sostenible en la financiación del servicio público domiciliario.
Voz institucional
Desde el MinEnergía se ha señalado que este reequilibrio busca “garantizar la continuidad del servicio para millones de hogares” sin aumentar el gasto público a corto plazo. Además, la ministra Irene Vélez ha afirmado que este tipo de redistribución progresiva responde a recomendaciones de organismos multilaterales y experiencias internacionales en sistemas eléctricos interconectados.
Implicaciones para la competitividad y la sostenibilidad del sistema eléctrico
Un cambio en los esquemas de contribución energética puede alterar la estructura de costos de sectores clave, incluyendo manufactura, petróleo, gas y minería. La Agencia Internacional de Energía (IEA) advierte que los marcos tarifarios estables y equitativos son indispensables para garantizar una transición energética ordenada y promover la inversión privada en redes, almacenamiento y energías renovables.
En Colombia, más del 63 % de la capacidad instalada proviene de fuentes hídricas, lo que implica alta dependencia de fenómenos climáticos como El Niño. Si el sistema no cuenta con respaldo financiero suficiente por parte del Estado o actores productivos, podría comprometerse la calidad del servicio e incrementarse la exposición a racionamientos o tarifas volátiles.
Posibles medidas complementarias
- Modernizar el esquema de estratificación para focalizar mejor los subsidios.
- Incluir incentivos para la eficiencia energética en industrias sujetas al aporte.
- Definir un umbral de consumo que diferencie a grandes de medianos usuarios industriales.
- Establecer mecanismos de compensación por inversión social o energía renovable.
¿Qué sigue a partir del proyecto de decreto?
Actualmente el borrador del decreto se encuentra en etapa de comentarios hasta el primer trimestre de 2024. Se espera que luego de analizar los aportes de gremios, operadores y usuarios, MinEnergía emita una versión final que regule con precisión los porcentajes, montos, plazos y condiciones del nuevo esquema contributivo para el sector industrial.
Entidades como la CREG y la UPME participarán en la implementación técnica y fiscalización del mecanismo. Además, Ecopetrol ha manifestado su intención de presentar un análisis de impacto detallado para proteger su rentabilidad operativa sin abandonar su compromiso con la equidad energética y la sostenibilidad financiera del sistema.
A medida que el país enfrenta una coyuntura de transición energética, menor producción en campos tradicionales y presión para acelerar el desarrollo offshore, este tipo de reformas fiscales y tarifarias deben ser pensadas de forma estratégica, garantizando predictibilidad y consensos duraderos entre todos los eslabones de la cadena energética.
Implicaciones para empresas y formuladores de política
Para las empresas del sector energético, minero-industrial y manufacturero, el decreto propuesto obliga a revisar con cuidado sus proyecciones de costos operacionales y márgenes. Incorporar escenarios de incremento en la facturación eléctrica es un paso inicial necesario para anticipar ajustes financieros o compensaciones productivas.
Desde una perspectiva política, este tipo de reformas pueden posicionar al gobierno como un actor activo en la redistribución progresiva, pero dependerá de su implementación técnica y transparencia para consolidar su legitimidad. La coordinación con actores como la ACP, Ipieca y gremios regionales será clave para evitar distorsiones o fugas de inversión.
Colombia necesita fortalecer su gobernanza energética en todos los frentes: upstream, midstream y downstream. Medidas económicas como esta deben evaluarse no solo por su impacto fiscal inmediato, sino por su capacidad de fortalecer un sistema energético competitivo, accesible y alineado con los principios de justicia energética y transición eficiente.
Implicaciones económicas y críticas de la medida
MinEnergía plantea retorno de subsidios cruzados: ¿un alivio para los hogares o una carga industrial?
El Ministerio de Minas y Energía de Colombia (MinEnergía) ha propuesto un nuevo decreto que busca que los sectores industriales retomen el papel de financiadores parciales de los subsidios de energía eléctrica para los estratos 1, 2 y 3. Este mecanismo, conocido como subsidio cruzado, había sido eliminado en 2022 por una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), trasladando el costo al Presupuesto General de la Nación. Ahora, con presiones fiscales y un panorama energético en evolución, la propuesta revive el debate sobre equidad tarifaria, competitividad industrial y sostenibilidad del sistema eléctrico colombiano.
¿Qué propone el nuevo decreto y por qué es relevante?
El borrador del decreto revive el esquema de subsidios cruzados al definir que usuarios del servicio de energía en estratos 5, 6 y sectores no residenciales (comercio, servicios e industria) asumirían una sobretasa en su factura. Ese sobrepago se utilizaría para financiar parte del subsidio a los estratos más bajos, que representan más del 75% de los usuarios residenciales en Colombia.
Ley 142 de 1994 permitía los subsidios cruzados, pero con límites técnicos. Aunque fueron usados durante décadas, la Resolución CREG 075 de 2021 los redujo sustancialmente debido a inconsistencias jurídicas y operativas. Ahora MinEnergía busca reactivar este instrumento ante la presión por déficit en la financiación de subsidios que alcanzó los 4,2 billones de pesos en 2023, según información de la MinEnergía.
Objetivos del decreto
- Reducir la presión fiscal del Estado en la financiación directa de subsidios.
- Mejorar la liquidez del sistema eléctrico reduciendo la cartera con comercializadores.
- Recuperar el principio de solidaridad de la Ley de Servicios Públicos.
Este cambio reconfigura el panorama para sectores como el industrial, que ya enfrentan altos costos energéticos por cuenta del componente regulado y las ineficiencias en transmisión y distribución. La medida también busca mitigar incrementos abruptos en tarifas a consumidores de bajos ingresos, especialmente en regiones donde los subsidios son esenciales para el acceso energético.
Implicaciones para el sector industrial: competitividad en riesgo
Para el sector industrial colombiano, que forma parte del eslabón downstream de la cadena energética, la propuesta representa un retroceso en términos de competitividad. El sobrecosto por subsidio cruzado afectaría líneas intensivas en energía como cemento, acero, alimentos y petroquímica, que ya enfrentan presiones inflacionarias y baja demanda interna.
Según un informe de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), el costo de energía en Colombia es un 31% superior al promedio regional, y para usuarios industriales puede superar los 600 pesos por kWh, mientras en países como Perú o México oscila entre 350 y 450 pesos.
Impacto por segmentos económicos
- Downstream (refinación, petroquímicos): aumento del costo operativo reduce márgenes en exportaciones.
- Midstream (transporte, almacenamiento): repercusiones indirectas por menor eficiencia energética en estaciones de bombeo.
- Upstream (exploración y producción): limitado impacto, pero podría influir en servicios auxiliares como campos de producción que dependen de energía externa.
La propuesta también genera preocupación en gremios como la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (ACIPET), que advierten que nuevos sobrecostos en la cadena energética podrían desincentivar inversiones en infraestructura clave para la autosuficiencia energética. La sinergia buscada entre eficiencia y equidad se enfrenta a las restricciones económicas de los actores privados.
Contexto fiscal y energético: razones detrás del cambio
Uno de los principales motores de la propuesta es el creciente déficit en la financiación de subsidios eléctricos. En 2023, el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI), fuente estatal de estos pagos, cerró con un faltante superior al 73% del valor requerido, según cifras oficiales de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).
El aumento sostenido de la demanda residencial, especialmente en regiones de alta dependencia del subsidio (Amazonas, Chocó, La Guajira), ha incrementado la presión sobre el presupuesto nacional en un entorno de restricciones macroeconómicas, caída en la renta petrolera e incertidumbre fiscal.
A esto se suman las proyecciones de expansión de las fuentes no convencionales de energía renovable. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), Colombia necesita inversiones por más de USD 2.500 millones en modernización de redes para integrar eólica y solar, lo cual requiere sostenibilidad financiera del sistema, incluso en su dimensión social.
Energía como bien público en equilibrio fiscal
El retorno de los subsidios cruzados es una estrategia de corto y mediano plazo para aliviar la presión presupuestal mientras se avanza en reformas estructurales del modelo tarifario y eficiencia del sistema. A largo plazo, el desarrollo de generación distribuida, precios marginales eficientes y redes inteligentes podría reducir la necesidad de subsidios directos.
¿Qué opinan los gremios y los actores energéticos?
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) ha manifestado reservas ante la interferencia tarifaria que, desde su perspectiva, desconoce las dinámicas del mercado energético y pone en riesgo la competitividad empresarial. En foros recientes, ACIPET y Campetrol han advertido que los sobrecostos energéticos están entre los cinco principales factores que limitan la inversión upstream en Colombia.
Por su parte, voceros de empresas del segmento midstream señalan que una implementación apresurada y sin diferenciación por niveles de consumo podría castigar desproporcionadamente a pequeñas y medianas empresas, afectando el mapa productivo regional.
No obstante, otros actores como asociaciones comunales de servicios públicos y defensores de derechos económicos consideran que el decreto recupera el principio de solidaridad del sistema, fortalece las capacidades redistributivas del Estado y mitiga riesgos sociales ligados al acceso desigual al servicio.
Dilemas regulatorios pendientes
El debate también contempla el rol de la CREG como organismo independiente encargado de definir las metodologías tarifarias. Los gremios han solicitado que cualquier decisión se tome bajo criterios técnicos verificables, y no como respuesta inmediata a presiones fiscales o sociales.
Por ahora, MinEnergía mantiene abierto el proceso de comentarios públicos sobre el borrador. Se espera que, tras su recopilación y revisión, se emita una versión definitiva hacia el segundo semestre de 2024.
Escenarios posibles para el sistema eléctrico colombiano
Aunque aún no hay certeza sobre la adopción final del decreto, su orientación marca un giro relevante en la política energética. De concretarse, los siguientes escenarios podrían materializarse:
- Corto plazo: alivio marginal al déficit en subsidios, pero aumento de costos para sectores conectados al SIN (Sistema Interconectado Nacional).
- Mediano plazo: revisión del modelo tarifario por parte de la CREG que incluya facturación por señales horarias, eficiencia del medidor inteligente y diferenciación por perfil de carga.
- Largo plazo: menor dependencia de subsidios mediante estrategias como energía comunitaria, generación distribuida y reforma estructural de redistribución fiscal territorial.
El decreto plantea un punto de inflexión para quienes operan o invierten en los segmentos downstream y midstream. El rediseño de tarifas y subsidios será clave para la viabilidad económica de las empresas, la resiliencia de los hogares más vulnerables y la transición energética justa en Colombia.
¿Qué deben hacer los actores del sector frente a esta propuesta?
En este contexto, las empresas del sector energético, industriales regulados y entidades del ecosistema deben prepararse para un entorno más regulado, pero también más enfocado en costos sociales. Estas son algunas acciones clave:
- Participar activamente en las mesas de comentarios y audiencias públicas sobre el proyecto de decreto.
