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Alcance y contenido del proyecto de ley
El Congreso de la República recibió oficialmente el Proyecto de Ley 150 de 2024, que busca la prohibición definitiva del fracturamiento hidráulico multietapa en secciones horizontales, conocido como fracking, así como de la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. La propuesta legislativa establece que, desde su entrada en vigencia, quedará vetada cualquier posibilidad de suscripción o prórroga de contratos, licencias o permisos para estas actividades. Con ello, se pretende dar un giro estructural a la política energética del país, centrando el interés público en la protección del medio ambiente, la salud humana y la prevención de conflictos socioambientales.
Uno de los puntos destacados del proyecto es la inclusión de un régimen de transición que busca evitar impactos jurídicos y económicos abruptos. Este mecanismo contempla la suspensión progresiva de cualquier actividad de fracking que haya sido autorizada previamente, permitiendo una salida gradual del modelo extractivo basado en técnicas no convencionales. A través de este proceso, se busca garantizar que no se emitan nuevos permisos y que los ya otorgados no sean prorrogados ni renovados.
El texto legislativo cuenta con un respaldo técnico y social significativo, y ha sido radicado con mensaje de urgencia, lo cual implica un tratamiento preferencial dentro del calendario legislativo. Este impulso institucional refleja la creciente preocupación sobre los efectos del fracking en ecosistemas sensibles, acuíferos y territorios habitados por comunidades rurales y étnicas.
Razones técnicas, científicas y sociales para la prohibición
La motivación detrás del proyecto de ley radicado para prohibir el fracking en Colombia se fundamenta en un cúmulo creciente de advertencias científicas y sociales que subrayan los riesgos significativos que esta técnica representa para el ambiente, la salud pública y la convivencia en los territorios. Numerosas investigaciones han documentado los efectos perjudiciales del fracturamiento hidráulico en los ecosistemas, particularmente por su necesidad de grandes volúmenes de agua —hasta 44 millones de litros por pozo en cada ciclo—, lo que impone una presión insostenible sobre fuentes hídricas ya vulnerables.
Además, la actividad genera una significativa liberación de compuestos contaminantes, incluyendo metano y otros gases de efecto invernadero, exacerbando el cambio climático y contraviniendo las metas de reducción de emisiones que Colombia ha adoptado en compromisos internacionales. Los estudios también han evidenciado la contaminación de acuíferos y cursos superficiales con químicos tóxicos utilizados en el proceso, aumentando el riesgo para la biodiversidad y afectando directamente la calidad de vida de las comunidades cercanas.
Desde el punto de vista social, el fracking ha sido fuente de fractura del tejido comunitario. En regiones donde se prevé su implementación, han emergido conflictos entre pobladores, autoridades locales, empresas extractivas y el Estado. Las percepciones de amenaza sobre la salud, la seguridad del agua y la integridad del territorio han alimentado tensiones que debilitan la cohesión social.
El proyecto de ley, por tanto, no surge como una iniciativa aislada sino como respuesta articulada a los llamados de comunidades, organizaciones ambientales, expertos y entes territoriales, que alertan sobre las consecuencias irreversibles que puede tener el fracking en un país reconocido por su riqueza hídrica y ecológica. El texto legislativo subraya la incompatibilidad de esta práctica con una visión de desarrollo sustentable.
Implicaciones para la política energética y el futuro de Colombia
La eventual aprobación del proyecto de ley que prohíbe el fracking en Colombia significaría una transformación estructural en su modelo energético, alineándose con las políticas de sostenibilidad y acción climática que el país ha ratificado en compromisos internacionales como el Acuerdo de París. La medida no solo cerraría la puerta a la explotación de yacimientos no convencionales, cuya extracción mediante fracturamiento hidráulico ha sido motivo de intensas críticas por sus impactos ambientales y sociales, sino que establecería un marco legal favorable para el desarrollo de fuentes de energía limpia.
La ministra de Minas y Energía, Lena Estrada, enfatizó que Colombia no necesita profundizar en una dependencia de recursos fósiles, sino avanzar decididamente hacia la descarbonización y las energías sostenibles. Esta visión ha ganado tracción dentro del Congreso, donde más de 50 congresistas de diferentes partidos, principalmente de la coalición de gobierno, respaldan la iniciativa. El apoyo parlamentario refleja una creciente conciencia colectiva sobre los riesgos del fracking para la salud pública y los ecosistemas, así como sobre la necesidad de una matriz energética resiliente y baja en carbono.
La propuesta legislativa abre posibilidades para que el país fortalezca su apuesta por fuentes no convencionales como la solar, eólica y la geotermia, cuya integración en el sistema energético colombiano ha sido hasta ahora limitada por barreras normativas y falta de inversión. Entre los beneficios potenciales se destacan:
En este contexto, la medida se perfila no solo como una respuesta ambiental, sino como una apuesta estratégica hacia un desarrollo sostenible e inclusivo.
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