El presidente de la ACP dijo que un desplome en la extracción de crudo derivaría en pérdida de $18 billones en aportes fiscales y regalías.
¿colombia es un país petrolero? francisco josé lloreda responde
El presidente de la ACP dijo que un desplome en la extracción de crudo derivaría en pérdida de $18 billones en aportes fiscales y regalías.
Si la operación petrolera del país se frena, las regiones dejarían de recibir $18 billones al año por concepto de aportes fiscales y regalías. La afirmación es de Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), quien, en diálogo con Portafolio, explicó que, con respecto a las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República, existe un falso dilema, y es escoger entre contribuir a que se agrave el cambio climático, con la producción de petróleo y gas en el país.
Las empresas petroleras han comprometido recursos muy importantes en inversión. Los dineros destinados, en comparación con el 2021, representan un incremento superior al 40%. Y en materia exploratoria es la inversión más alta en los últimos siete años. La expectativa está en poder ejecutar esos programas de inversiones que superan los US$4.000 millones. Esto no solo para incrementar la producción, sino para lograr los 65 pozos exploratorios.
El Gobierno ha superado las metas que se había trazado en cuanto a la firma de nuevos contratos. Sin duda, la ronda del 2021 contribuyó a este propósito. Y ante la posibilidad de un nuevo proceso, inciden tres factores. El primero, la situación de la industria a nivel internacional ante un aumento de la demanda en petróleo y gas, derivan en unos resultados por la ronda en Colombia a la vuelta de cinco o seis años. Segundo, el principal interés de las empresas es ejecutar su plan de inversiones, y es su prioridad. Y tercero, tanto la Nación, como las compañías petroleras, están dando un compás de espera para ver cómo se desenvuelve la coyuntura política.
Lo que sucedió es muy grave para la seguridad jurídica del país. Le corresponde al Ministerio del Interior y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) verificar, constatar y conceptuar sobre la presencia o no de comunidades indígenas o afro en la zona de influencia de los proyectos piloto. De antemano conceptuaron que no están estas comunidades. Y un juez, al que no le corresponde esta competencia, sin mayor sustentación, y abusando del instrumento de la tutela, ordenó suspender las iniciativas.
Colombia tiene petróleo y gas, pero sus reservas probadas, que son las fáciles de comercializar, son muy limitadas.
El único camino seguro que tiene el país para asegurar la autosuficiencia en hidrocarburos es con los no convencionales. Los proyectos piloto de fracking, que son dos pozos exploratorios, buscan que sea la ciencia la que responda en materia ambiental.
Existe un falso dilema, y es escoger entre contribuir a que se agrave el cambio climático, con la producción de petróleo y gas en el país. No se ha entendido en el contexto político. Los más perjudicados con una industria petrolera languideciente serían las clases media y baja. En Colombia, en el escenario más ambicioso de descarbonización al año 2050, por lo menos la mitad de la matriz energética va a depender de los combustibles fósiles. El país está haciendo la tarea en materia de transición energética, pero esta debe ser realista y responsable, porque si no terminaremos como Europa en la actualidad, que se necesitan crudo y gas para no quedarse sin energía.
No quiero hacer referencia a un candidato en particular. Lo importante es que el país entienda las consecuencias de las decisiones políticas, y más las de política pública. Colombia no es una nación petrolera, pero los hidrocarburos son muy importantes para el país. Tampoco es una potencia en gas, pero este combustible es de vital importancia. Se verían afectados los recursos que reciben los departamentos por la operación petrolera.
En el próximo cuatrienio se presentaría un desplome de la producción, ya que caería 47% la de petróleo y 27% la de gas. Derivaría en una pérdida anticipada en la autosuficiencia energética, y se importaría gas a partir del 2026 y petróleo desde 2028. Además, desencadenaría una caída en divisas en cerca de US$68.000 millones entre 2022 - 2032.
Y por desplome en la producción se estima una pérdida de $18 billones de aportes fiscales y regalías de las petroleras a la Nación y las regiones, esto sin contar con una reducción de inversiones por $21 billones. Así mismo, los proveedores del sector, nacionales y regionales, perderían oportunidades de contratación por cerca de $20 billones.
Además, la caída estimada en producción de petróleo y gas además reduciría en un 60% los ingresos de los municipios productores asociados a la cadena de bienes y servicios del sector petrolero. Y en cerca de $1,3 billones se reducirían las inversiones socioambientales.
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